Entre las innumerables misiones que tiene la Guardia Civil y la
Policía Nacional, en sus diferentes departamentos, igual que el Centro Nacional
de Inteligencia (C.N.I.) es no dejar de investigar e informar, según
directrices, en todo momento, incluidos dirigentes y políticos, desconociendo
la razón, más o menos justificada, y archivando todo lo descubierto. No puede
ser de otra manera. Lo sorprendente es no saber quién utiliza sus
conclusiones. Quizá todo sean filtraciones hacia quien tiene suficiente poder
para hacer uso de ellas. El problema que se plantea es si se acierta en la
dirección adecuada. Pero ésta no es la cuestión. La cuestión es si toca o no
toca sacar trapos sucios de quien sea, incluso de quien menos uno piense. Y tal
cual, caiga quien caiga.
Conviene recordar que siempre ha habido controles
institucionales. Por poner un ejemplo: el Consejo de Estado trabaja, lo mismo que los
Consejillos. El Tribunal de Cuentas trabaja, lo mismo que los Tribunalillos. Otra cosa es que los hayan dejado trabajar tranquilos.
Algo que, desde hace varias décadas, parece como inexistente. Los
políticos de toda tendencia y condición se ha encargado de neutralizarlos, año
tras año, para que no puedan lavar sus pingajos mugrientos. Así que nadie
se ha atrevido aún, aunque ya va siendo el momento de poner los relojes en
hora, para dejar a un lado el engaño institucional, y que los organismos del
Estado funcionen pensando en el contribuyente y no en ellos. Deben ponerse al
día que, para eso, sus presupuestos lo están.
Los contribuyentes no deben nada de nada a los políticos amorales, mientras
que ellos sí porque, gracias a su codicia, un presidente de gobierno, erigido
en El Señor de los Recortes a la vez que en El Señor de las Mentiras, está
impulsando subidas descomunales de impuestos, la deslealtad, la
ineptitud, por no decir otras atrocidades como la destitución de un director de
periódico de tirada nacional. Se vive un momento en que se malinterpreta la
Constitución, no se entiende, o se abusa de ella. Es frecuente leer sentencias
judiciales, según la ideología, algo así como cuando se acierta a la lotería. Y
a esto, ¿se llama justicia o debería llamarse resentimiento social? Es inmoral
que, desde una autonomía, se chantajee perennemente al Estado sin que,
desde el primer instante, el poder central haga prevalecer la ley,
pensando que se manifiesta en connivencia. Ante estos
hechos, si el responsable es consciente debe dimitir, pero si es inconsciente
debe ser cesado porque demuestra que gobierna con una ineptitud supina.
Tras un pícaro se esconde otro. En esta particular democracia nuestra se
generan espontáneamente.
Ningún jefe de Estado de un país democrático debe/puede
permitir que una sociedad esté a merced de jueguecitos de cuatrocientos
y pico mil políticos, un gobierno y sus adláteres que quieren hacerse
millonarios abusando con el agravante del alejamiento
de la realidad social a la que está intentando
destruir, teniendo como excusa una crisis que no deja de ser paradójica: hay
más millonarios políticos, o pseudo, que antes del comienzo de la misma.
S.M. el rey abdicado, Juan Carlos I, que tuvo su particular cruce del Rubicone,
salió airoso, tras siete meses después de haber sido proclamado
rey, cuando consiguió que, en tiempos preconstitucionales, el
presidente de gobierno, Carlos Arias Navarro, presentara su dimisión, en tanto
que las Cortes del directorio se hicieran el seppuku, dando por iniciada
la tramitación hacia la democracia que conocemos.
Actualmente, S.M. el rey Felipe VI, se encuentra ante algo, sino parecido,
muy similar, aunque democrático ya, por lo que lo tiene mucho más crudo, sin
olvidar que, al igual que su augusto padre, necesita un horizonte diáfano,
necesita barrer las obscenidades y deshonestidades políticas cometidas durante
el reinando anterior, lo que requiere un tiempo para el cambio, ante irresponsables con potestad que han intentado e intentan
arruinar la marca España. El reino de España no se puede permitir
tener, ante los contribuyentes, y ante el mundo, un gobierno que ha fomentado
recortes a base de avivar la corrupción.
La partida de ajedrez ha comenzado en la que se juega el futuro de la
Monarquía española. Ningún reinado, mejor o peor ejercido, es igual al
anterior. Ha llegado el momento del atrevimiento, dentro de la política,
con mayúsculas, pese a que hiede, a poner el ventilador en marcha, que conduzca
hacia la catarsis por asfixia. Se exige un tiempo para la
regeneración. Demos tiempo al tiempo para
que desaparezcan aquellos partidos políticos que se niegan a pagar
los créditos bancarios que solicitan, porque los intereses son abusivos,
cargándolos en la cuenta de los contribuyentes, como ha ocurrido durante
décadas. Un tiempo que dé lugar al cese de cargo/s;
a la devolución de dinero y patrimonio deshonesto; a la inhabilitación
perpetua; a la pensión mínima; al cumplimiento pena. Es de esperar
que de aquí a tres meses más se produzca una
reacción en cadena de ceses/dimisiones.
Hay que conseguir que sea normal el que la financiación de un candidato y
de un partido político parta de los interesados, ayudados por afiliados,
militantes, votantes, simpatizantes, etcétera. Si el candidato o el partido no
tienen dinero, se siente, que no elijan la política como vía de
enriquecimiento, que se busquen la vida, dentro de la ley, y si lo encuentran
que se presenten y si no, cambio de tercio. Las prebendas, a costa del Estado español
o de los contribuyentes, las justas.
Solamente en concepto de sueldos, y desde el año 1978, los políticos
españoles han recibido del Estado más de dos billones de euros.
Gracias a estas fortunas amasadas sin control, sin declarar a la Hacienda
púbica y sin gravámenes, erigidas en patrimonio, ha hecho su aparición una
nueva clase social alta. Se dice pronto y bien, mientras que actualmente la
deuda externa española es de algo más de un billón de euros.
