lunes, 30 de marzo de 2015

PENSIONES vs DEUDA PÚBLICA


Es frecuente, quizá más de lo habitual, oír y leer, que a los jubilados se les devenga de su más o menos exigua pensión un impuesto fantasma innominado, aunque la cantidad viene a ser la misma que si fuera el llamado Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.), ya que el pensionista no recibe más que la transferencia bancaria mensual a su cuenta corriente, además de una carta justificativa, sin razonamiento alguno, a principio de año, donde se notifica la cantidad que debe percibir con y sin retención. Y un folio cuando se acerca el mes que tiene que hacer la Declaración de la Renta, en el que sólo se lee que se ha retenido una cantidad sin especificar a qué epígrafe va el dinero retenido.
Toda pensión, que se sepa, al no percibirse como trabajo, no rinde, ya que durante la vida laboral activa de trabajador, al recibir el salario mensual/anual, sometido al I.R.P.F., ya rentó lo suficiente para poder cobrar en situación pasiva, además de tener derecho a una Sanidad. Sin embargo, la pensión recibida es gravada nuevamente por la misma contribución, como si estuviera produciendo, haciendo que se duplique la carga tributaria, la doble retención, sin ninguna transparencia económica. Vamos, como ocurre, una más, con la tetraplicidad impositiva de la marca España.
Desde 1984 la Caja de Pensiones ha sido utilizada en beneficio del partido político gobernante, beneficios electorales y para encajar las cuentas del Estado, porque sus arañazos de reposición siempre han sido vía tributos en lugar de vía cotizaciones. Los mandatarios de cada Legislatura, y ya van diez, no han querido tomar en cuenta esta doble obligación del jubilado, porque el dinero así volatilizado interesa más a las arcas del Estado en las diferentes y continuas crisis económicas, ya que son ellos los que las manejan en su propio beneficio haciendo caudal a costa del asalariado.
La gestión de la Seguridad Social, al ser un organismo independiente, sus balances no se contabilizan en los presupuestos generales del Estado, lo que ha dado lugar, año tras año, a todo tipo de manipulaciones y, sobre todo, desvíos, según interesase al partido dirigente, de tal manera que, la mayor parte de los fondos de reserva de las pensiones públicas se están invirtiendo en cédulas públicas del Estado, llamada deuda soberana española, lo que ha convertido al propio Estado en un ente entrampado a cuenta del déficit. Es decir, ante este descontrol, el Gobierno hace que el Estado maquine contra sí mismo, con la hipótesis de una considerable inseguridad añadida, que se incremente exponencialmente, que jamás se pueda pagar.
Objetivamente mirado, la Caja de Pensiones de la Seguridad Social, está solucionando, aunque no es la misión para la que fue creada, en lugar de complicando, el endémico problema de la deuda pública española, instaurada artificialmente, debido a la enorme pujanza del mismo caudal financiero, mientras los políticos, en su insaciable  trapicheo en busca de Eldorado patrimonio, a la vez que salvando su nalgatorio, endeudan al contribuyente.

Alfonso Campuzano

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martes, 24 de marzo de 2015

LA GARANTÍA DE LAS PENSIONES


El Estado español garantizaba hasta hace cinco años, la progresiva elevación del nivel de vida en los órdenes sanitario, económico y cultural, desde el lejano Decreto de 30 de mayo de 1974, curiosamente preconstitucional.
Cada español, desde el mismo instante que comienza su vida laboral y su cotización, debería saber, en todo momento, sin restricciones y sin límites máximos marcados, cual dictadura, como se sabe en países primermundistas o bien como conoce una persona que se programa un plan de jubilación/pensiones particular, de cuánto dispone.
Existe, en teoría, una Caja de las Pensiones de la Seguridad Social que, supuestamente pertenece a todos los trabajadores españoles cotizantes. Sin embargo, los recursos generados, desde hace más de una treintena de años, sin su permiso, con nocturnidad y alevosía, se han utilizado para cubrir partidas presupuestarias de otros gastos frívolos gubernamentales; se utilizan para endosar a las pensiones algo tan diferente como es el gasto sanitario; se utilizan para hacer frente en toda clase de comicios, es decir, a elecciones generales al Congreso, Senado, Parlamento Europeo, Autonomías, Municipios, incluso para favorecer la convergencia española con la Unión Europea. Y, últimamente, con desfachatez de altura, se utilizan en la construcción de Carreteras, Autovías, Autopistas, Ave, incluso para inyectar dinero a prestaciones públicas como al Subsidio de desempleo, a la Inmigración, a las Minorías Étnicas, etc. Y la Caja ya no puede dar más de sí...
Por tanto, la acción protectora de la Seguridad Social, como puerta giratoria, actualmente se está financiando mediante la aplicación de las aportaciones progresivas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado, y no al contrario, como se estaba haciendo, es decir, con las cotizaciones de los trabajadores. Ante tal desfalco los gestores deberían provisionar todo lo que realmente han desvalijado hasta el momento, pero continúan inmutables. Así es más fácil echar la culpa a que no hay suficientes trabajadores cotizando.
No sólo esto, sino que ha habido Gobiernos que se han permitido hacer enjuagues, poco antes de estallar la crisis, vendiendo el 46% de las reservas de oro en otoño de 2007 (240 toneladas equivalentes a 7,7 millones de onzas de oro, por un valor de 3.500 millones de euros), instante en que, casi por generación espontánea, aparecieron multitud de chriringuitos a la voz de compro oro, dinero inmediato, máxima solvencia. 
El presupuesto de la Seguridad Social, que se creía sagrado, algo que parecía intocable, ya menos, hasta que se han abierto los ojos, se juega con el pan ajeno ganado año tras año, no debe servir para  cuadrar otras administraciones, nada de emplearlo en otros Ministerios, aunque les falte, porque en Seguridad Social nada sobra, más bien escasea, porque el presupuesto no está hechos por técnicos.
De ahí que, lo que pertenecía exclusivamente a los trabajadores, el dinero cotizado que cada español deja de percibir cada mes, registrado para cuando llegue su jubilación, es manoseado por ajenos, porque les gusta tanto o más que un bombón a la puerta de una escuela, cuando un gobierno comenzó a meter mano en la Caja, permitiéndolo la oposición y, en su alternancia, los demás gobiernos han continuado, como algo más que natural. Nadie, ni siquiera los llamados sindicatos de clase, se ha rasgado las vestiduras, nadie se ha mesado la barba ni los cabellos, nadie ha hablado. Y, lo peor de todo, no ha sido sólo en una ocasión coyuntural, qué va, sino que se sepa en dos ocasiones, han dejado temblando a la Caja, y ni siquiera los saqueadores fueron capaces de provisionar los derechos para las pensiones futuras. Y la culpa, la responsabilidad, el canario del abuelo.

Alfonso Campuzano

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martes, 17 de marzo de 2015

PLANTEAMIENTO SANITARIO



Había que sacar el país hacia adelante con mano de obra sana, qué menos que disponer de un acceso fácil hacia la disposición de un derecho a conservar la salud, en tanto que el Estado español no podía dar más de sí, pues había conseguido que los médicos, a trancas y barrancas, sin darse cuenta, se apuntaran a un tren en el que, por todo equipaje, disponían de regalo envenenado, una trampa para elefantes. La papeleta se complicaba al reconocer que no había especialistas, que había que formarlos. Alguna entidad o institución tenía que poner el dinero y, sobre todo, el título. Y los colegios profesionales españoles, a diferencia de otros países más o menos lejanos, no estaban por la labor, no podían o no se les permitía, así que fue el propio papá Estado el que poco a poco asumió esta responsabilidad.
Se estaban inaugurando los años sesenta del siglo pasado, y es ahí donde entraron en un juego aleatorio unos cuantos médicos que, sin ver una salida a sus aspiraciones profesionales, sin comunicarse entre ellos más que por telepatía, emprendieron un viaje migratorio a los EE.UU. de América, dada su experiencia ya centenaria, previo un examen llamado Foreign Medical, para hacer una especialidad, ya fuera médica o quirúrgica, sabiendo que cada año no entraban más que el 3% de todos los extranjeros presentados y, una vez titulados, antes de ser autorizados para ejercer, obligados a pasar un nuevo examen, algo que en España se desconoce. Algunos de ellos allí se afincaron en aquellas lejanas tierras, los menos, renovando contrato anualmente con el hospital contratante, mientras que el resto escalonadamente, venidos eufóricos, con la lección aprendida y con ganas de enseñar, regresaron a nuestro país, con la idea primordial de implantar lo descubierto y bien asimilado.
El gran salto en Sanidad, sin tener aún un ministerio propio, se produjo a mediados los años sesenta, cuando el Estado, con los ministros tecnócratas, empezó a poder presumir de sus profesionales médicos, los primeros especialistas, porque son ellos los que comenzaron a exigir medios materiales para ejercer en los nuevos hospitales, llamados residencias que surgían por doquier. Y el Estado, poco a poco fue cediendo, aunque fueron precisamente los diferentes gobiernos quienes vieron en ellos una nueva forma inversión con todo el dinero recaudado para las pensiones de la Seguridad Social, que podrían manejar a su antojo, disponiendo en efectivo de cantidades para poder emplearlas, con o sin previo paso por los presupuestos generales, en otros ministerios y otras particularidades, sin que se notara mucho, al principio, porque hoy día, y desde 1982, se les ve el plumero cada año.
Desde 21 de julio de 1962, cada residencia sanitaria, era canalizada por un Director Médico, designado entre los profesionales de la plantilla; sin embargo, en las de categoría provincial o superior, con más de doscientas camas, además se nombraba  un Gerente capacitado que, con el paso del tiempo y, sobre todo, desde el traspaso central a cada autonomía, los cargos públicos sanitarios del organigrama (secretarios generales, directores generales, gerentes de área, gerentes de atenciones varias, etc.) se han desparramado y multiplicado por ciento, han aparecido como si de generación espontánea se tratara hasta considerar imprescindible este nuevo cargo, que nada nuevo aporta más que la presencia de alguien que quiere figurar, salir en la foto, colocarse la medalla y poco más, que solamente antes existía a nivel central, antes del 2002, pero que, con el paso de los años, se ha multiplicado por diecisiete monstruos más las dos plazas africanas, para terminar haciendo lo mismo que hacían cuatro cargos públicos, teniendo como se tiene la misma población de antaño. Es como si estuvieran disminuyendo los remeros de galeras y aumentando los directores de orquesta sin batuta.

Alfonso Campuzano

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martes, 10 de marzo de 2015

A VUELTAS CON EL CASO 11M


La primera pregunta que se le puede ocurrir a una persona con la cabeza bien puesta sobre los hombros, y bien nacida, es: ¿qué mente, maquiavélica puede decirse, imaginó y puso en práctica el atentado, que se vivió en Madrid el 11 de Marzo de 2004 con la consecuente masacre ferroviaria?
La respuesta, cuando el análisis minucioso parte de una premisa muy difícil de averiguar, tanto si es verdadera como falsa, ayudado del estudio comparativo de casi toda la información leída y vista, es muy difícil de encontrar.
La impresión que da, sin llegar a pronunciar siquiera una frase, produce escalofríos sólo con oírla, es que un grupo/club, más o menos mayoritario, no importa el nombre, ni va a importar, dio un Golpe de Estado Civil, porque las fuerzas militares están desde los años ochenta, in crescendo, muy ocupadas en desplazarse a lugares, enviadas por el Gobierno correspondiente, en misiones de paz, prohibiéndolas pegar un sólo tiro, según el actual Código Civil, salvo en defensa del territorio nacional, que no es el caso, donde hay confrontaciones de guerra, muy lejos, donde pongan todo su saber sobre el propio terreno, donde se expongan, incluso paguen con su vida, imitando, sólo en parte, lo que hacían las Legiones romanas y los estadounidenses, desde hace poco más de un siglo, con sus tropas y flotas navales, de manera que no se les ocurra, ni siquiera por ocio, dar un golpe de estado castrense.
Tanto la instrucción como el sumario y el juicio merecen ser investigados en profundidad como reflexión de lo que no se debe hacer, tal que encaminar las pruebas, como si tuvieran patas, hacia la versión política que más interesaba: ¿al Gobierno, entrante o saliente, al Estado, a…? Es posible que jamás se sepa. En ocasiones, aunque se llegue a conocer la verdad, resulta patético dar nombres porque la vida ha de continuar y cada uno ha de representar el rôle para el que ha venido a este mundo.
Hasta una docena de explosiones tuvieron lugar en aquel macroatentado donde destacaron graves irregularidades, ilegalidades, tropelías a la Ley, algunas cometidas por el comisario, actualmente ex jefe de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (T.E.D.A.X.), verdadero artífice de la destrucción de pruebas como objetos y hasta veintitantas muestras, todo ello recogido en los cuatro focos de los trenes que, a los tres meses, mediante una orden del juez instructor, y siguiendo órdenes de una fiscal, que se inventó la versión oficial vs gubernamental, que todo el mundo conoce.
El comisario, en lugar de relevarlo por su nefasta actuación, el titular del Ministerio del Interior lo ratificó en el cargo, lo que hace pensar en la similitud con el ascenso de cargo público de Arias Navarro, como premio a la ineptitud, tras el atentado que sufrió Carrero Blanco, presidente del Gobierno. Lo mismo que los derroteros descubiertos parecen seguir el mismo camino, ya trazado antaño con los famosos Grupos Antiterroristas de Liberación (G.A.L.), de infausto recuerdo por su connotación de guerra sucia o terrorismo de Estado, convertido en una conspiración estatal de omertà. Y, las víctimas, hasta el momento, despreciadas, marginadas, vilipendiadas y tachadas con todos los apelativos inimaginables.
Así que, actualmente se puede decir tras once años, con permiso del Ministerio del Tiempo: ¿quién continúa engañando a quién?, porque el secreto, como procede, se levantará dentro de cincuenta o setenta y cinco años, y parcialmente, sobre todo porque personas, entidades o instituciones que se han visto implicadas en mayor o menor trascendencia, por sus prerrogativas, impide toda actuación judicial inmediata y futura.

Alfonso Campuzano

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