El Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E.),
mediante el Decreto 30 de mayo de 1974, preconstitucional, financia y
perfecciona la acción protectora de la asistencia sanitaria, reestructurando y
cristalizando, el actual sistema del Régimen General de la Seguridad Social,
asumiendo mayor numero de patologías dentro de su cuadro de prestaciones
económicas por incapacidad laboral transitoria, invalidez, jubilación, desempleo
y, al mismo tiempo, se constituye en un sistema que se hace progresivo al incluir
mayor numero de personas y colectivos dentro de su esquema de Seguro Sanitario.
Hasta ahora, porque desde hace tres años
largos no es así, el Estado español garantizaba la progresiva elevación del nivel de
vida en los órdenes sanitario, educativo, económico y cultural. Ha tenido que
venir una crisis casi mundial, durante el septenio negro, seguido de un largo trienio
frenopático, para ver mermados los derechos de todos los ciudadanos españoles
conseguidos durante los cuarenta años preconstitucionales. Para algunos incrédulos, pueden hojearse los B.O.E. de aquellos años.
Nunca se
debió permitir, por golosa, la transferencia de Sanidad a la vista de lo que
nos ha traído la incapacidad política, imaginándose que sus votantes les apoyarían
en sus mal digeridas gestiones, totalmente desnortadas, que no se pueden denunciar porque ni siquiera disponen de un despacho en el que admitir
sugerencias que puedan ser llevadas a los plenos parlamentarios. A las llamadas
Autonomías les falta el nexo de subordinación al Gobierno central, algo
indispensable, algo que se olvidó en el tintero y que corre prisa arreglarlo:
hay que reordenar urgente y preferentemente todo el territorio español.
Con la cantidad de recortes impuestos en Sanidad y Educación, el Gobierno
español, sacando pecho, ¿puede aceptar la proporción de inmigrantes que le
dicte Bruselas que, en este caso, puede llegar al 9%?
La ola inmigratoria
se padece cuando no se regula bien la Ley que se promulga. La inmigración actual,
no contenida, ante sospechas fundadas, como las doscientas mil personas, un volumen posiblemente inasumible de golpe, para toda infraestructura sanitaria, y en perjuicio del bienestar adquirido con tanto
esfuerzo, con
la probabilidad de que, si se asume por los gobiernos europeos, cometerá el error de exponer a la población autóctona a un gravísimo riesgo de derrumbe, retrocediendo decenas de años, por no haber puesto en marcha cuarentenas necesarias, gracias a brotes de enfermedades
infectocontagiosas, desconocidas o desaparecidas en la clínica
diaria que, al volver a florecer, se hacen responsables ante nuestros nietos del
desplome de una Sanidad primermundista, hasta convertirla en
tercermundista.
Y nadie debe olvidar que cada continente, cada raza de la
especie humana, tiene su idiosincrasia, tiene sus patologías a las que
cualquiera, con defensas adecuadas se puede acercar y convivir, pero que, en
condiciones inadecuadas, estas patologías, en caldos de cultivo adecuados,
pueden llegar a extinguir a los más allegados.
Para
colmo, una de las variantes que nos ha brindado el último septenio negro, y
continúa con el largo trienio frenopático, es que no se sabe con exactitud el control que se hace en la
expedición de fármacos gratuitos a la población inmigrante cuyas recetas, como
poco, en ciertas comunidades autónomas, disponen de cinco modalidades, según
edad y recursos.
Alfonso Campuzano
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