jueves, 7 de abril de 2016

DISTINTIVO INCAPACITANTE

Los dirigentes padecen una enfermedad vinculada al aprendizaje y desarrollo político de difícil curación – Alfonso Campuzano

Gracias a la comunicación, desvinculada de las subvenciones, se conocen, y reconocen, más y más casos de deshonestidad política en el mundo, lo que viene a dar la razón a ciertas personas que creen que se trata de una enfermedad vinculada, e inoculada, durante el estudio del aprendizaje y desarrollo para alcanzar el ansiado poder, por lo que debería ponerse en marcha, lo antes posible, algún test diagnóstico que lograra averiguar la infectación que evitaría mayores males sociales en el futuro.
Como todas las enfermedades infectocontagiosas, en principio, la inmoralidad política tendrá cura el día en que se descubra el tratamiento adecuado, posiblemente una vacuna que inmunice contra el ansia desenfrenado hacia la acumulación de más riquezas que las que puede gastar cualquier persona en una sola vida, mediante una educación que enseñe y difunda valores morales, además de incitar a mejorar el bien común.
No basta con perseguir a la persona corrupta hasta que bese el suelo del internamiento carcelario, incluso psiquiátrico, que a veces sería lo adecuado, sino que habría que cambiar la ley para que lo fundamental y urgente fuera la devolución ipso facto de todo lo expoliado y después... Lo inminente no es tratar de regenerar uno o todos los partidos, sino reducir a un tercio el medio millón de políticos que costean todos los españoles. ¿Cuándo aprenderán que ser/estar aforado/a no es una bula para esquilmar?
Los dirigentes gubernamentales cierran y gastan hasta endeudarse en cada ejercicio presupuestario, algo parecido hacen las empresas, porque el nuevo año trae nuevos impuestos que emplear hasta el infinito. Sin embargo, habría que buscar un sistema parecido al de una familia consciente, es decir, ahorrar de un año para otro, sin dilapidar todo en el reparto, como si no hubiera más años que gestionar.
El poder legislativo cumple su función cuando promulga leyes, pero debieran ser leyes promulgadas a favor del bien común, un olvido demasiado harto frecuente, y no para proteger su propia hacienda, mientras los administrados se sienten sojuzgados, incluso empobrecidos por las malas artes de sus gobernantes.
No obstante, ¿qué autoridad se siente capaz de obligar a cualquier cargo a que sea responsable institucional con todos los ciudadanos/votantes/contribuyentes? Porque dejar sin ejecutar, por desidia o prescripción, los casos descubiertos de malversación de bienes públicos por el Tribunal de Cuentas, algo muy habitual, atenta contra el erario público.
Tras el primer día, con los relojes atrasados ya durante una docena de años, se observa que esta XI Legislatura va ser ¿corta/constituyente? No se sabe después de más de cien días de asueto parlamentario, elegido en contra de los votantes, aunque cobrando vacacionalmente.
Al ciudadano corriente se le exige votar para que, al final, sólo se le permita disfrutar de una pensión, siempre inferior a lo cotizado, casi tres veces por debajo de la media europea, mientras los partidos políticos, sin rubor, se ponen de acuerdo en una burda manipulación para conseguir que sus intereses personales aumenten sin pensar en el bien común de la sociedad.
¿Es difícil adivinar que, para aguantar sin mover un músculo durante cuarenta años de corrupción conocida, se necesita una losa connivente, en plural, amarrada por vía escatológica, institucional y prensa subvencionada, a la que se ha dado pistoletazo de salida hacia la regeneración?

ALFONSO CAMPUZANO

           Sigue a @AIf0ns0

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